De Lima pasó cinco de sus seis años de condena en prisión sin juicio y es considerada por defensores y activistas como la prisionera política más destacada del país. En 2018, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria concluyó que su detención era arbitraria y carecía de base legal.
Su liberación es vista como una victoria para una debilitada oposición filipina. También se espera que de Lima pueda hacer campaña más activamente a favor de un caso contra Duterte en la Corte Penal Internacional, que lo está investigando por posibles crímenes contra la humanidad.
El exsecretario de Justicia fue encarcelado en 2017, tras iniciar una investigación en el Senado sobre la guerra contra las drogas de Duterte, que ha dejado decenas de miles de muertos. Ya se había enfrentado cara a cara con Duterte en el pasado cuando, como comisionada de derechos humanos, investigó ejecuciones extrajudiciales en la ciudad de Davao, donde Duterte fue alcalde durante dos décadas.
Siguió una implacable campaña de difamación contra ella, con la filtración del número personal de De Lima en un foro público y el propio Duterte sugiriendo que ella había estado involucrada en un video sexual. La acusación fue inventada.
Desde entonces, cinco testigos se han retractado de sus testimonios en el caso de drogas contra De Lima en los últimos dos años, dando credibilidad a su defensa.
Su liberación fue ampliamente bienvenida por los defensores de los derechos humanos. Amnistía Internacional también pidió a la administración de Marcos que garantice su seguridad. “El gobierno debe ahora garantizar su seguridad y protección, ya que sigue siendo blanco de difamación y amenazas”, dijo en un comunicado.